Desde el 2022, se desata un complejo enfrentamiento legal que pone en alerta a JZ En todo el mundo, un coloso del capital riesgo estadounidense, gracias a las acciones de sus 2 gestores en España y líderes de Gedesco Finance. Esta disputa se acentúa con una querella presentada en Valencia contra cinco directivos y sus entidades personales, acusándoles de hacer una estructura societaria destinada a adquirir el control en alrededor de veinte compañías empleando inadecuadamente los recursos de Gedesco, de la cual JZI posee un 6733%,, sin su autorización.
Los implicados en la querella son Miguel Rueda y Ole Groth, administradores de europa de JZI; Antonio Aynat, principal creador y CEO de Gedesco, al lado de su entidad Venalta Capital; Javier García Escrivá, también fundador y gestor en Gedesco, y su familiar Ahthophilia Capital; y José Luis Villafranca, el responsable de las finanzas y contabilidad en Gedesco. Se les acusa de desviar cien millones de euros para invertir en, por lo menos, 19 empresas, cometiendo supuestos delitos que van desde la estafa hasta la falsedad contable.
El origen de estas tensiones se remonta a 2007 en el momento en que JZI adquirió una participación mayoritaria en Gedesco. Sin embargo, el conflicto comienza a gestarse en 2016, momento en el cual los fundadores de Gedesco exploran la venta de su participación en la compañía a JZI, sin llegar a concretar una negociación formal. Desde entonces, se manifiesta que se hizo un uso indebido de los recursos de Gedesco para detectar y capitalizar ocasiones de inversión por medio de una composición llamada 'Trama Stator', constituida por los 4 directivos denunciados y operada a través de una red de 12 filiales.
Esta estructura pretendía ocultar la auténtica propiedad de las inversiones, con figuras como Máximo Buch, exconseller de Economía de la Generalitat Valenciana, y su socio Ernesto Bernia, figurando como gestores nominales hasta el momento en que se desvinculan tras salir a la luz las irregularidades.
La detección de estas anomalías por la parte de JZI, que incluían operaciones financieras sospechosas y domicilios de sociedades coincidentes, desencadenó una serie de demandas judiciales en 2022, incluyendo una demanda en Nueva York contra Rueda y Groth, seguida de múltiples acciones legales contra el fondo, en un lapso de menos de dos meses.
Este escenario legal continúa desarrollándose, con recientes resoluciones judiciales como la más información suspensión de las declaraciones de los creadores de JZI por falta de rastros delictivos, mientras que se desvelan más capas de un enfrentamiento que subraya la complejidad de las operaciones financieras transnacionales y las disputas entre inversores y gestores en el ámbito del capital riesgo..